La Procuraduría adelanta una investigación al parlamentario liberal, la cual arrancó en septiembre de 2018 por la presunta exigencia de parte del salario a un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo.
En segunda instancia, el Consejo de Estado tumbó la decisión tomada en primera instancia que había decretado la muerte política del representante a la Cámara Hernán Gustavo Estupiñán Calvache, porque habría omitido vigilar el trabajo de los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), pues uno de ellos permanecía fuera de la capital de la República sin que aparentemente desempeñara sus funciones.