La detención domiciliaria fue ordenada por la investigación que se lleva a cabo por la Fiscalía, en la que se acusa a Palacios de prevaricato, omisión y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La medida tiene que ver con un contrato de más de 200 millones de pesos en 3 de abril de 2020 para elementos de bioseguridad en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Cabe destacar que, según el ente investigador, no se cumplió con los requisitos dentro del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) dentro de los tres días después de la celebración del contrato con la Gobernación de Chocó.

En contexto, en abril de 2020, el exprocurador general de la Nación, Fernando Carrillo, lo suspendió por tres meses y -al mismo tiempo- que ordenó abrirle una investigación por el mismo contrato ( N°003, suscrito el 3 de abril de 2020)